"Falsos autónomos": criterio para clarificar la "legalidad" de las cooperativas de autónomos

El Supremo clarifica la realidad de las cooperativas para evitar el fraude y la debilitación de la protección de los trabajadores

 

 

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente y haciendo referencia al art. 80.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio recuerda con respecto a las  cooperativas de trabajo, que tienen “por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros”, que “también podrán contar con socios colaboradores y que la relación de los socios trabajadores con la cooperativa es societaria”. Según la propia sentencia,  de esta definición se desprende un elemento muy relevante para encontrar una adecuada solución  a la denominadas “falsas cooperativas”: lo que motiva la existencia de una cooperativa es la organización común de la producción de bienes o servicios para terceros.

El Supremo dice que no es admisible que una cooperativa eluda los fines por los que se ha constituido y se “se limite, pura y simplemente, a dar cobertura formal a situaciones con las que se pretende en realidad eludir las normas laborales que hubieren resultado de aplicación en el caso de que la actividad fuese realizada directamente a título individual por el trabajador, o mediante cualquier otro tipo de entidad empresarial no constituida bajo la fórmula de una cooperativa de trabajo asociado”.

Con esta sentencia el Supremo  fija un criterio para clarificar la realidad de  las cooperativas conformadas  de forma irregular para “eludir las normas laborales” debilitando al tiempo la protección de los trabajadores.

La sentencia ratifica que no hay nada que exima de la “aplicación a las cooperativas de los mismos criterios generales utilizados para poner coto el uso fraudulento de la forma societaria desde la perspectiva del derecho del trabajo, sin que tampoco sean inmunes a las reglas laborales que persiguen evitar el fraude en la adecuada identificación del empleador real de los trabajadores, proscribiendo la cesión ilegal con la que se pretende la mera puesta a disposición de mano de obra, o cualquier otro mecanismo fraudulento en tal sentido: la creación de empresas interpuestas, ficticias o la abusiva configuración de grupos de empresas”.

Esta sentencia corresponde al caso de un transportista (dado de alta en el RETA) que  denunció por despido improcedente a su cooperativa porque tras ponerse en situación de baja durante un periodo de tiempo no volvió a recibir ningún encargo. El transportista demando a la cooperativa ( propietaria de las tarjetas de transporte y que era la que alquilaba los vehículos que utilizaban los cooperativistas) y también a la empresa de logística con la que la cooperativa tenía suscrito un contrato de arrendamiento de servicios, y que era quien tenía los clientes, organizaba el trabajo, las rutas y los encargos.

 

Fuente: Sentencia CGPJ