CEAT Ávila y CONFAE esperan avances tangibles en la normativa sobre empresarios autónomos

Pasos hacia la equiparación de derechos

 

La Asociación de Empresarios autónomos de CONFAE (CEAT AVILA) espera que las expectativas que ha generado la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo, publicada el pasado 25 de octubre, se vayan plasmando en realidades, y no se queden en un estado de ambigüedad o faltas de desarrollo por cuanto puedan verse afectadas por las demoras en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o por su propio desarrollo reglamentario.

Si tenemos en cuenta que esta ley concentra la normativa más importante de los últimos años para este colectivo empresarial, mayoritario en nuestra provincia e incluso en toda España, nos haremos una idea de la relevancia de las medidas que pueden derivarse de dicha ley, teniendo en cuenta que el empresario autónomo se halla, por ejemplo, en una posición de clara desventaja en cuanto a prestaciones muy importantes como las relacionadas con el desempleo o la jubilación, amén de otras cuestiones no menores como el derecho a la formación o la conciliación de la vida familiar y laboral.

Desde CEAT Ávila entendemos que por el Estado, que es quien fija muchos de los contextos legales que afectan al autónomo, tienen que darse pasos hacia la equiparación de derechos, teniendo en cuenta que las bases de cotización las fija la propia administración y no deben propiciarse diferencias de trato o de coberturas en unos regímenes respecto de otros, sobre todo cuando hablamos de derechos y garantías de mínimos.

Debemos recordar que la nueva ley contiene medidas estrella, que fueron ya explicadas en Jornada informativa organizada por CEAT-Ávila, el pasado día 12 de diciembre a la que asistió el Director General de Economía Social y del Trabajo Autónomo de la Junta de Castilla y León. Dicha ley , en su plena aplicación, tienen que influir en un marco más flexible y adecuado para la actividad empresarial del autónomo, toda vez que se extiende a contenidos tan sustanciales como la extensión de la cuota mensual reducida de 50 euros; los derechos de reintegro por cotizaciones de contingencias comunes en régimen de pluriactividad; la disminución del recargo por ingreso de las cotizaciones fuera de plazo; los beneficios en la cotización para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo; las bonificaciones por conciliación de la vida profesional y familiar, vinculada a la contratación; la bonificación total de la cuota durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural; bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en los dos años siguientes al cese tras la baja por maternidad; la inclusión de los accidentes in itinere; la bonificación por contratación de familiares hasta el segundo grado; la posibilidad de gestionar hasta un máximo de tres bajas y tres altas en la seguridad social dentro del año natural; el cambio hasta cuatro veces de la base de cotización dentro del año natural; la compatibilización de la jubilación contributiva con el trabajo por cuenta propia; la modulación de las multas por retraso en el pago de las cuotas; o la definición de gastos deducibles a efectos fiscales en el IRPF, (seguros de enfermedad, gastos de suministro y manutención, etc.).

Ciertamente esta nueva ley, que tiene un gran alcance para los empresarios autónomos y debe suponer un plus de motivación para los nuevos emprendedores, contiene avances significativos, pero todavía insuficientes o no desarrollados, como ocurre en varias de las medidas descritas con anterioridad así como respecto de otros preceptos contenidos en las disposiciones adicionales; tal es el caso de eventualidades como la cotización a tiempo parcial o la jubilación anticipada de los empresarios y trabajadores autónomos.

Si tenemos en cuenta que en España pueden verse afectados por esta ley 3,5 millones de autónomos, llegaremos rápidamente a la conclusión de que se trata de preceptos normativos de gran envergadura, pero también con un largo recorrido hasta llegar a la plena equiparación de los regímenes general y de autónomos. Actualmente, según datos del Ministerio de Empleo, la diferencia por ejemplo entre las pensiones de un empresario autónomo y de un trabajador es en Ávila de 351 euros, y en Castilla y León de 565 euros, siempre a favor del trabajador del régimen general.

Existen igualmente otros cambios con repercusión económica como los referidos al número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión; persistiendo por lo demás otras disfuncionalidades que perjudican la actividad del autónomo como la morosidad de las administraciones, todavía en plazos muy elevados y sin un órgano ejecutivo que sancione los incumplimientos de las administraciones; o las cargas burocráticas que pesan sobre las pymes y micropymes, obligándolas a incurrir en gastos de gestión muchas veces prescindibles que nada tienen que ver con la tributación o con la transparencia..

Así pues, los empresarios autónomos advertimos que falta mucho camino por recorrer, si de verdad queremos crear el marco más idóneo para que nuestras empresas sean viables, siendo preciso que así sea para que este colectivo mantenga y gane peso en la economía; evolucionando hacia una progresión en la que se supere con creces la incorporación de jóvenes emprendedores al tejido económico, teniendo en cuenta que hoy en día los autónomos menores de 40 años son solo un 25 % del total.